Tras 20 horas de debate, la Cámara de Diputados avaló la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que plantea que autoridades locales y federales accedan a datos biométricos, personales y bancarios para investigar delitos.

El proyecto, aprobado con 324 votos a favor y 117 en contra, sigue al Senado para su análisis.

La oposición (PAN, PRI y MC) alertó que esta norma vulnera la privacidad al permitir el acceso a datos sin una orden judicial clara.

Legisladores como Eva María Vásquez y José Elías Lixa (PAN), Laura Ballesteros (MC) y Jericó Abramo (PRI) criticaron que no existan criterios para garantizar que la información no sea utilizada para perseguir a críticos o líderes sociales.

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Por su parte, Morena, PT y PVEM defendieron la Ley como una herramienta para actualizar la estrategia de inteligencia en un contexto marcado por el crimen organizado y la inteligencia artificial.

Legisladoras como Guadalupe Ortega y Leydé Avilés sostuvieron que no representa un retroceso autoritario, sino una necesidad para garantizar la seguridad pública.

La Ley garantiza, según la presidenta de la Comisión de Seguridad, Jessica Saidén, que no existirá un Padrón Nacional de Telefonía y que el acceso a datos sensibles requerirá autorización institucional.

Sin embargo, PAN y PRI advirtieron que esta apertura podría responder a presiones de Estados Unidos para obtener datos biométricos.

A la fecha, y a pesar de la aprobación en la Cámara baja, persisten tensiones sobre la constitucionalidad de la Ley y su alcance. El Senado la revisará en las próximas semanas para determinar si entrará en vigor.