La Secretaría de Contraloría de Michoacán defendió la legalidad del procedimiento administrativo que llevó ante un tribunal el manejo de recursos de Beca Futuro durante 2018. La dependencia sostuvo que la investigación no respondió a una decisión política, sino a observaciones detectadas en una auditoría que no fueron aclaradas por la entonces Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

El contralor estatal, Francisco Ramírez Flores, explicó que la revisión encontró anomalías en la asignación de los apoyos: recursos entregados a personas que no cumplían los requisitos de la convocatoria, beneficiarios que no habían sido aprobados por el Comité de Selección y pagos canalizados a asociaciones civiles que no correspondían al perfil educativo del programa. Al no solventarse las observaciones, el expediente pasó al Órgano Interno de Control, que investigó las posibles responsabilidades y elaboró un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa contra cuatro exfuncionarios.

Entre los señalados se encontraba Juan Carlos Barragán Vélez, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano durante el gobierno de Silvano Aureoles y actualmente diputado local de Morena. El procedimiento también alcanzó a María Teresa Madrigal Alanís, exdirectora de Desarrollo de la Economía Social, y a Gerardo García Ambriz, quien fungía como delegado administrativo de la dependencia. La información pública consultada no identifica con claridad al cuarto exservidor involucrado, por lo que no es posible atribuirle nombre o responsabilidad sin acceder a la resolución completa.

El expediente fue remitido al Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán, encargado de resolver las faltas administrativas graves. La Primera Sala valoró tanto las pruebas presentadas por la Contraloría como los argumentos de las defensas y, en junio de 2026, determinó la responsabilidad administrativa de Barragán por la entrega irregular de 5 millones 636 mil 600 pesos. La sanción consistió en 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de esa cantidad como reparación al erario estatal.

La resolución señala pagos sin autorización del comité del programa y recursos destinados a Michoacán con los Ciudadanos Primero A.C. y Michoacán por un Mejor País A.C.; distintas publicaciones basadas en el expediente indican que ambas organizaciones habrían sido constituidas después de recibir el dinero. También se documentaron beneficiarios sin identificar y expedientes sin documentación o comprobantes suficientes.