La aprobación de la nueva Ley General de Aguas abrió un capítulo de tensión con organizaciones campesinas que temen perder margen de acción en regiones donde el acceso al recurso ya es limitado. Ante el anuncio de protestas y bloqueos en estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, la Secretaría de Gobernación aseguró que mantendrá las mesas de diálogo para explicar los alcances de la norma y atender inconformidades puntuales.

Desde el viernes se han registrado cierres carreteros y movilizaciones en zonas rurales, mientras se preparan nuevas acciones para el inicio de semana. Los grupos campesinos señalan que el proceso legislativo se realizó con opacidad y que no existe claridad sobre cómo se aplicarán las nuevas disposiciones en cuencas y acuíferos sobreexplotados, donde ya hay conflictos entre usuarios agrícolas, industrias y centros urbanos.

Las principales preocupaciones giran en torno a posibles restricciones de volúmenes concesionados, mayores requisitos para renovar permisos y la eventual prioridad que pueda darse a ciertos usos en detrimento del riego agrícola. En regiones donde el agua es la diferencia entre sostener una cosecha o perderla por completo, cualquier cambio en reglas genera preocupación inmediata.

El gobierno federal sostiene que la Ley General de Aguas es una pieza necesaria para enfrentar la crisis hídrica que vive el país y que el objetivo es ordenar la extracción, proteger acuíferos agotados y dar prioridad al consumo humano. Gobernación ha reiterado que las mesas incluirán a dependencias técnicas y jurídicas para resolver dudas y ajustar reglamentos en la medida de lo posible.

El reto será convencer a los campesinos de que la nueva normativa no se traducirá en un recorte abrupto del recurso que ya usan. La manera en que se gestione este diálogo marcará la diferencia entre una transición ordenada hacia nuevas reglas del agua o un ciclo prolongado de protesta social en el centro del país.