El Senado de la República amplió el plazo para dictaminar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el propósito de continuar las consultas con víctimas, especialistas y organizaciones civiles antes de definir el contenido de la propuesta.

La decisión fue informada por Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, luego de que el pasado 5 de octubre recibió una solicitud de prórroga de Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.

El legislador explicó que las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera han realizado mesas de trabajo en las que se identificaron temas que requieren un análisis adicional. La intención es incorporar las observaciones de quienes han enfrentado directamente la violencia feminicida antes de presentar el dictamen.

Además de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado analiza otras tres propuestas: una presentada por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional (PAN); otra de la senadora Laura Estrada Mauro, de Morena, y una más promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Martínez Miranda sostuvo que la coincidencia de distintas fuerzas políticas sobre la necesidad de contar con una legislación general contra el feminicidio hace necesario profundizar en la discusión para fortalecer el proyecto.

“Escuchar no es retrasar, es la única manera de que esta ley aguante”, expresó el senador al defender la ampliación del periodo de análisis.

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentra establecer criterios generales para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio en todo el país, con reglas que permitan atender estos delitos de manera homogénea y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

La ampliación del plazo se sustenta en el artículo 212, numeral 3, del Reglamento del Senado, que permite a la Mesa Directiva conceder prórrogas a las comisiones cuando existe una solicitud justificada. Aunque el periodo ordinario para dictaminar es de 30 días hábiles, la normativa contempla extensiones cuando la complejidad o relevancia del asunto lo amerita.

Hasta el momento, no se ha precisado una fecha definitiva para la presentación del dictamen.