El Senado de la República aprobó este miércoles una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, conocida en el debate público como “Ley Antimemes”, luego de una discusión centrada en sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y los contenidos difundidos en internet.
El dictamen fue aprobado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra. Posteriormente, tras la discusión y votación de reservas, fue avalado en lo particular con 68 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.
La reforma establece sanciones para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos oficiales de instituciones públicas cuando su utilización tenga como finalidad inducir al error o engaño.
El texto aprobado contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para este tipo de conductas. También incorpora sanciones relacionadas con la divulgación no autorizada de obras protegidas antes de su lanzamiento oficial, entre otras modificaciones en materia de propiedad industrial.
El nombre surgió durante el debate político y público debido a que la iniciativa fue cuestionada por su posible aplicación a memes, parodias y contenidos satíricos que utilicen elementos de instituciones gubernamentales.
Durante la discusión, el senador morenista Javier Corral sostuvo que la reforma no busca sancionar memes ni parodias políticas y explicó que la conducta penalizada está relacionada con el uso comercial de la identidad gráfica institucional para generar engaño o fraude.
En contraste, legisladores de oposición señalaron que el texto puede dejar margen de interpretación a las autoridades. El PAN sostuvo que la redacción no excluye de manera expresa actividades como la parodia, la sátira, la caricatura política, el periodismo o la crítica política, y advirtió sobre posibles efectos en la libertad de expresión.
La reforma deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.