Con 105 votos a favor y sin debate, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT) portar armas en el desempeño de sus funciones.

La reforma, anunciada mediante las redes sociales de la Cámara Alta, busca establecer un nuevo marco jurídico para el equipamiento y accesorios, “que procure la cultura de la paz y el desarme”.

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Sin embargo, la medida ha generado críticas debido a la ampliación de la posibilidad de portar armas a empleados de empresas públicas y órganos autónomos, incluyendo el Banco de México y la Casa de Moneda, siempre bajo los lineamientos que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La nueva ley prohíbe a civiles el uso de vehículos blindados modificados para portar armas, asignando exclusivamente al Ejército Mexicano el registro y control del armamento a nivel nacional.

Además, actualiza el listado de armamento de uso exclusivo del Ejército, obliga a designar un responsable en caso de fallecimiento del propietario de un arma registrada, y prevé campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz a cargo de los tres niveles de gobierno.