La estrategia de seguridad aplicada en Uruapan volvió a generar cuestionamientos públicos luego de que se expresaran reservas sobre el alcance territorial del Plan Michoacán -particularmente de la Operación Paricutín- en relación con la ubicación real de las células delictivas.

De acuerdo con las observaciones difundidas, los despliegues más visibles se mantienen en espacios urbanos, mientras que las zonas serranas donde operan grupos criminales continúan con presencia limitada de fuerzas federales.

El señalamiento apunta a una posible desproporción entre los puntos donde se instala la vigilancia y aquellos donde, según reportes comunitarios y antecedentes de violencia, se detecta actividad de organizaciones delictivas.
La petición de reorientar operativos hacia los cerros responde a un contexto en el que distintas comunidades rurales han denunciado presiones, movimientos armados y la persistencia de rutas empleadas para actividades ilícitas.

La discusión se da en medio del reforzamiento generalizado de medidas de seguridad en la región, que forman parte del plan federal para contener la violencia en municipios prioritarios.

La expectativa ciudadana se centra en que los despliegues no solo mantengan presencia en las cabeceras urbanas, sino que incidan en los corredores serranos donde se ha documentado la operación de diversos grupos.

La solicitud de ajustar el enfoque territorial busca que la estrategia tenga incidencia directa en los puntos donde se originan buena parte de los conflictos, con el fin de reducir riesgos, limitar movilidad criminal y fortalecer la percepción de seguridad en las comunidades que se encuentran fuera de las zonas metropolitanas.