La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó la posibilidad de que la próxima revocación de mandato presidencial se realice durante el proceso electoral de 2027, con el argumento de que concentrar ambos ejercicios permitiría evitar un gasto adicional y fortalecer la participación ciudadana en una sola jornada.

Durante una conferencia ofrecida en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la propuesta busca aprovechar la estructura logística y presupuestal de las elecciones intermedias para llevar a cabo este mecanismo de evaluación ciudadana previsto en la Constitución. “Es una buena propuesta, dijo, porque se hace en la elección y no se deben destinar recursos extra para otro proceso”.

La idea marca un cambio relevante en la estrategia política del nuevo gobierno, al abrir el debate sobre una posible reforma electoral temprana. De concretarse, el país viviría en 2027 una de las jornadas comiciales más grandes de su historia, con la renovación simultánea de quince gubernaturas, el Congreso de la Unión, cientos de congresos locales y ayuntamientos, además del ejercicio nacional de revocación.

Especialistas en derecho constitucional advierten que la propuesta implicaría ajustes legales y logísticos complejos, ya que la figura de la revocación fue diseñada para aplicarse a mitad del sexenio, no en un año electoral federal. Su adelanto requeriría modificar el artículo 35 de la Constitución y redefinir los periodos de recolección de firmas, organización y supervisión del Instituto Nacional Electoral.

La presidenta no presentó todavía un calendario ni una iniciativa formal, por lo que su planteamiento se interpreta como un primer llamado a discusión legislativa. En su visión, la medida no sólo busca ahorro, sino también “evitar el desgaste burocrático” que genera organizar procesos separados. Sin embargo, opositores y analistas políticos advierten que fusionar ambos ejercicios podría confundir al electorado y diluir el sentido de rendición de cuentas que caracteriza a la revocación de mandato.

El antecedente más cercano se remonta a 2022, cuando México realizó por primera vez este tipo de consulta, impulsada entonces por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquella jornada registró una participación de apenas 17.7 por ciento, insuficiente para que el resultado fuera vinculante, aunque consolidó el precedente legal de la figura.

A tres años de la siguiente cita en urnas, Sheinbaum busca rediseñar el modelo electoral en clave de austeridad y eficiencia, una línea que ha reiterado desde su campaña. Si el planteamiento prospera, el país se enfrentará a una discusión que pondrá en juego no sólo la viabilidad técnica del proceso, sino también la manera en que la ciudadanía evalúa, y eventualmente refrenda, el mandato presidencial.