La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este martes al Congreso de la Unión su propuesta alterna de reforma electoral, conocida como “Plan B”, con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

La mandataria adelantó que la nueva propuesta ya no contempla cambios en el sistema de diputaciones plurinominales ni recortes al financiamiento de los partidos políticos, puntos que habían generado desacuerdos en la iniciativa original.

Ahora, el eje central del proyecto se enfoca en ajustar el presupuesto destinado a los congresos locales y al Senado, bajo el argumento de eliminar privilegios y reducir gastos excesivos en el Poder Legislativo.

Sheinbaum señaló que actualmente existen fuertes disparidades entre entidades. Expuso que hay congresos estatales con el mismo número de diputados pero con grandes diferencias en el gasto por legislador, lo que consideró injustificado.

Como parte del proceso, informó que sostendrá una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar la redacción final del documento antes de enviarlo al Poder Legislativo.

La presidenta indicó que el proyecto será remitido el 17 de marzo, aunque aún no define si iniciará su discusión en la Cámara de Diputados o en el Senado.

El respaldo político al “Plan B” se consolidó luego de reuniones entre dirigencias nacionales y coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido Verde y el PT con la Secretaría de Gobernación, donde se revisaron los cambios a la propuesta.

El Partido Verde y el PT decidieron apoyar la iniciativa tras la eliminación de dos puntos que habían provocado su voto en contra el pasado 11 de marzo: la desaparición de las listas plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos.

En su nueva versión, la reforma plantea establecer un tope máximo al presupuesto de los congresos estatales, lo que impactaría directamente en las percepciones de los legisladores locales. Parte de esos recursos federales se quedarían en las entidades para destinarse a proyectos y otras necesidades.

Además, se propone reducir el número de regidurías en los ayuntamientos del país, al considerar que varios municipios mantienen estructuras sobredimensionadas. Como ejemplo se mencionó el caso de Monterrey, donde actualmente operan 28 regidores.

La mandataria estimó que los ajustes al gasto legislativo local y la disminución de regidores podrían generar ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos.