La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno solicitará a Estados Unidos la devolución de recursos y bienes que sean decomisados a narcotraficantes, al considerar que los principales daños provocados por sus actividades se han registrado en territorio mexicano.

Durante declaraciones recientes, la mandataria sostuvo que México tiene interés en explorar las vías legales para reclamar parte de los recursos asegurados a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa condenado recientemente en Estados Unidos, así como otros bienes vinculados a actividades ilícitas. La revisión jurídica estará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Diversos reportes señalan que el gobierno federal analiza si existen mecanismos legales para acceder a una parte de los activos decomisados por las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum afirmó que, en caso de concretarse incautaciones, su administración buscará que esos recursos se destinen a la reparación del daño causado a la población mexicana, especialmente a los sectores más afectados por la violencia y la corrupción.

El planteamiento surge luego de que tribunales federales estadounidenses ordenaran el decomiso de bienes relacionados con Zambada, cuyo valor ha sido estimado en miles de millones de dólares. Aunque Washington mantiene el control sobre esos activos, México pretende analizar si puede presentar una reclamación basada en que los delitos del narcotráfico tuvieron un impacto directo sobre comunidades, instituciones y víctimas mexicanas.

La presidenta también amplió el alcance de la propuesta a delincuentes de cuello blanco, al señalar que no debe existir distinción entre quienes dañan al país mediante actividades del crimen organizado y quienes lo hacen a través de esquemas de corrupción o desvío de recursos públicos.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha detallado qué bienes específicos reclamará, el monto que buscaría recuperar ni el mecanismo formal que utilizaría ante las autoridades estadounidenses, aunque la presidenta insistió en que el objetivo es que los recursos asegurados a criminales beneficien directamente a la población afectada por sus actividades ilícitas.