Tras una ola de críticas que puso en entredicho su promesa de respetar la libertad de expresión, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ordenó detener el proceso legislativo de la nueva Ley de Telecomunicaciones impulsada por su bancada en el Senado.

La iniciativa, presentada por Morena, otorgaba al gobierno amplias facultades para bloquear plataformas digitales y sancionar a medios que transmitieran propaganda de gobiernos extranjeros, un alcance que especialistas y defensores de derechos digitales calificaron como un intento velado de censura.

Aunque Sheinbaum negó haber impulsado personalmente el proyecto, su origen político no dejó dudas sobre su cercanía a la propuesta.

La iniciativa surgió en respuesta a un hecho puntual: la transmisión en México de un spot antiinmigrante del gobierno de Donald Trump, situación que irritó a sectores oficiales y derivó en la redacción apresurada de una legislación para prohibir contenidos “contrarios a los intereses nacionales”.

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El artículo 109 del proyecto, sin embargo, generó una polémica mayor a la esperada. Este apartado otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un órgano creado bajo su administración, la facultad de suspender temporalmente servicios de internet o plataformas digitales, alegando amenazas a la seguridad nacional, sin precisar criterios claros ni establecer contrapesos judiciales inmediatos.

Organizaciones civiles, expertos en derecho digital y académicos advirtieron que, bajo una redacción ambigua como la propuesta, el gobierno podría intervenir en redes sociales, servicios de mensajería y medios electrónicos, abriendo la puerta a un control inédito sobre el ecosistema digital mexicano.

Algunos llegaron a comparar la medida con prácticas de censura instrumentadas en regímenes como Venezuela y Nicaragua.

Frente a la presión pública y la amenaza de un desgaste político temprano en su presidencia, Sheinbaum optó por detener el avance legislativo de la ley, proponiendo en su lugar la apertura de mesas de diálogo con universidades, especialistas y organizaciones sociales.

Aseguró que no permitirá interpretaciones que pongan en duda su compromiso con la libertad de expresión y planteó que la iniciativa sea revisada a fondo para corregir o eliminar los artículos más controversiales.

“Se trata de defender la soberanía nacional en los medios, no de censurar voces críticas”, afirmó Sheinbaum, aunque dejó claro que su intención de regular la transmisión de propaganda extranjera persiste.

Según la propuesta original, concesionarios y plataformas que difundieran mensajes de gobiernos foráneos con fines políticos podrían enfrentar multas de entre el 2% y el 5% de sus ingresos anuales, aplicadas por la Secretaría de Gobernación.

El freno a la ley no implica su cancelación definitiva. Sheinbaum sugirió que, una vez logrado el consenso necesario, la reforma podría ser discutida y aprobada en un periodo extraordinario posterior al 30 de abril.

Mientras tanto, la polémica ha dejado ver los delicados equilibrios que enfrentará el próximo gobierno: el deseo de blindar los medios frente a influencias externas, sin vulnerar derechos fundamentales que forman parte de las garantías democráticas que la propia Sheinbaum ha prometido respetar.

Con su primer gran retroceso legislativo, Sheinbaum inicia una etapa de prueba en su relación con la opinión pública y los sectores que vigilarán celosamente cualquier intento de restringir el acceso a la información en México.

¿Qué proponía exactamente la nueva Ley de Telecomunicaciones?

La iniciativa presentada buscaba:

• Prohibir la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, incluyendo radio, televisión y plataformas digitales, salvo cuando se tratara de contenidos con fines culturales o turísticos.
• Imponer multas de entre el 2% y el 5% de los ingresos a concesionarios y plataformas digitales que transmitieran dicha propaganda, con sanciones aplicadas por la Secretaría de Gobernación.
• Restituir al Ejecutivo el control sobre el espectro radioeléctrico, permitiendo a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) otorgar concesiones y supervisar emisiones, funciones que previamente pertenecían al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
• Facultar a la ATDT para bloquear temporalmente plataformas digitales, como redes sociales o servicios de mensajería, en casos de incumplimiento de las disposiciones normativas.

El trasfondo de esta reforma respondía a la preocupación del gobierno por limitar la influencia de campañas políticas extranjeras, pero sus mecanismos de control fueron señalados como desproporcionados y peligrosos.

Artículos más criticados de la propuesta

Los apartados que provocaron mayor rechazo público fueron:

• Artículo 109: Facultaba a la ATDT para ordenar el bloqueo de plataformas digitales por presuntas infracciones, sin precisar causales específicas ni garantizar un debido proceso inmediato. Críticos advirtieron que esto abría la puerta a actos discrecionales de censura.
• Artículo 276: Establecía sanciones económicas de entre el 2% y el 5% de los ingresos para concesionarios que transmitieran propaganda de gobiernos extranjeros, medida considerada como una vía para ejercer presiones indebidas sobre medios de comunicación.
• Artículo 8, fracción LXV: permitía a la ATDT expedir lineamientos para el registro de usuarios de servicios móviles, en un esquema similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), invalidado en 2022 por vulnerar derechos de privacidad.

Estos artículos se percibieron como una amenaza directa a la libertad de expresión, la neutralidad en la red y los derechos de privacidad, detonando una reacción inmediata entre medios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Conclusión

La pausa a la reforma de telecomunicaciones marca un primer gran desafío político para Claudia Sheinbaum, aún antes de asumir formalmente el poder.

Más allá de corregir errores legislativos, su respuesta a este episodio será clave para definir si su gobierno será capaz de equilibrar sus objetivos de control institucional con los principios democráticos que dice defender.

Por ahora, la presión ciudadana y mediática ha demostrado su peso, forzando al oficialismo a dar un paso atrás y abrir la discusión en un terreno que, a pesar de las advertencias, sigue siendo incierto.