La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en Palacio Nacional una iniciativa de reforma electoral que propone modificar la integración del Congreso, reducir el financiamiento del sistema electoral y establecer nuevas reglas de fiscalización y uso de tecnologías en campañas.

El proyecto será turnado al Congreso de la Unión para su discusión. De acuerdo con lo expuesto, la propuesta busca disminuir en alrededor de 25 por ciento el costo total de los procesos electorales, lo que implicaría ajustes presupuestales al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales, a los tribunales electorales y a los partidos políticos.

Uno de los cambios centrales plantea transformar el esquema de representación proporcional. La iniciativa propone que todos los legisladores federales obtengan respaldo directo en las urnas. En el caso de la Cámara de Diputados, se mantendrían 500 integrantes, pero se modificaría el mecanismo de asignación de curules plurinominales para vincularlo con resultados efectivos de votación y limitar las listas tradicionales. También se contempla una fórmula específica para la representación de mexicanos residentes en el extranjero.

Para el Senado de la República se propone reducir el número de escaños de 128 a 96, bajo un esquema de mayoría relativa y primera minoría, eliminando los lugares asignados por lista nacional.

En materia de financiamiento, la iniciativa incluye la reducción de prerrogativas a partidos y ajustes en salarios y prestaciones de altos funcionarios electorales. Asimismo, se plantea suprimir duplicidades administrativas entre órganos nacionales y locales, con el argumento de hacer más eficiente la estructura institucional.

El documento incorpora disposiciones para fortalecer la fiscalización. Se propone prohibir aportaciones en efectivo, ampliar las facultades de supervisión sobre ingresos y gastos de campaña y establecer mecanismos digitales que permitan seguimiento en tiempo real. También se contemplan reglas para el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral, así como la prohibición de bots y mecanismos automatizados que influyan en la conversación pública durante los procesos comiciales.

La propuesta incluye medidas para agilizar los cómputos distritales al término de la jornada electoral y facilitar el voto de mexicanos en el exterior. Además, reafirma disposiciones constitucionales relacionadas con la no reelección inmediata en determinados cargos a partir de 2030 y con la prohibición de prácticas de nepotismo.

La iniciativa será analizada por las fuerzas políticas representadas en el Congreso, donde requerirá mayoría calificada para su eventual aprobación. Diversos partidos han anticipado que revisarán el alcance de los cambios propuestos, en particular aquellos que modifican la representación proporcional y el financiamiento público.