La propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer los derechos de las audiencias y establecer nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión ha reabierto el debate sobre los límites entre la regulación y la libertad de expresión.

Los lineamientos, actualmente en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, contemplan que los medios cuenten con códigos de ética, una persona defensora de las audiencias y mecanismos para recibir y atender quejas. También plantean diferenciar de manera clara la información de la opinión y distinguir la publicidad de los contenidos informativos.

La propuesta contempla sanciones económicas por incumplimientos relacionados con estas obligaciones. El gobierno ha aclarado que las multas no se aplicarían por el contenido de una nota o programa, sino por omitir disposiciones como contar con un código de ética, designar una persona defensora de las audiencias o establecer mecanismos para presentar quejas.

Un antecedente citado en el debate es Ecuador, donde durante el gobierno de Rafael Correa se aprobó en 2013 una Ley Orgánica de Comunicación que otorgó amplias facultades a las autoridades para regular a los medios. La legislación creó la Superintendencia de la Información y Comunicación, organismo que llegó a ordenar rectificaciones, disculpas públicas y sanciones contra medios y periodistas.

La norma ecuatoriana también estableció obligaciones relacionadas con códigos deontológicos y permitió sancionar determinadas conductas vinculadas con los contenidos. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión cuestionaron entonces que esas facultades pudieran utilizarse para restringir la labor periodística.

En 2018, durante la administración de Lenín Moreno, se impulsaron reformas para eliminar la Superintendencia y reducir las facultades regulatorias que habían sido utilizadas durante el gobierno de Correa. En 2019 quedaron eliminadas disposiciones centrales de ese esquema.

En México, Sheinbaum ha rechazado que los nuevos lineamientos representen censura y sostiene que buscan garantizar el derecho de las audiencias a recibir información. La discusión continuará durante la consulta pública, antes de que se determine el contenido definitivo de las reglas.