La búsqueda de uno de los escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, continúa abierta. El operativo se mantiene como una pieza clave dentro de la investigación, luego de que siete integrantes del equipo de seguridad fueran detenidos para esclarecer posibles irregularidades en su actuación antes, durante y después del ataque.
La Fiscalía investiga una posible traición dentro del primer círculo de resguardo. Esta línea se fortaleció después de que se confirmara que uno de los escoltas huyó y no ha sido localizado, a pesar de los operativos desplegados en distintas zonas del municipio y regiones aledañas.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que el elemento prófugo era parte activa del equipo asignado al alcalde y que su ausencia ha abierto nuevas hipótesis sobre la coordinación interna que mantenían los escoltas. Las autoridades analizan comunicaciones, desplazamientos, rutas recorridas y omisiones que pudieron haber facilitado el ataque contra Manzo.
Días antes del homicidio ya se habían registrado intentos de agresión. Aunque esos eventos fueron frustrados, la Fiscalía considera que formaron parte de un mismo entorno de riesgo que el equipo de seguridad debía reportar con mayor detalle. Algunos movimientos irregulares, según la investigación, no fueron comunicados a superiores, lo que genera dudas sobre la actuación de ciertos elementos.
La detención de siete escoltas permitió ampliar los testimonios y obtener información sobre decisiones adoptadas en los momentos previos al ataque. Investigadores de la Fiscalía analizan contradicciones entre declaraciones, así como posibles inconsistencias en los reportes de vigilancia y turnos de resguardo.
Mientras tanto, la búsqueda del escolta prófugo continúa como prioridad, debido a que su testimonio y ubicación podrían determinar si existió colaboración directa con el grupo criminal involucrado o si su huida responde a otros factores como miedo, presión externa o amenazas previas.
El caso ha reactivado cuestionamientos sobre los protocolos de protección empleados para alcaldes en regiones con alta densidad de violencia. Además, abre el debate sobre la vulnerabilidad de funcionarios municipales que dependen de equipos de seguridad expuestos a presiones o infiltraciones criminales.
La Fiscalía prevé nuevas diligencias en los próximos días, mientras se procesan los dispositivos móviles y comunicaciones vinculadas al círculo cercano del alcalde.