Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, ha conseguido frenar, por ahora, la acción de la justicia. Gracias a una suspensión definitiva concedida por la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Aureoles evitó su detención por el presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos durante su administración.

La medida no lo exime del proceso, pero le otorga un margen de maniobra que contradice el principio de equidad ante la ley y ahonda la percepción de que la justicia en México sigue siendo maleable ante el poder político.

La resolución judicial forma parte de un juicio de amparo promovido por el propio Aureoles. El pasado 14 de mayo, durante una audiencia incidental celebrada a las 10:55 horas, la jueza resolvió concederle una suspensión definitiva contra una parte de los actos reclamados, y, al mismo tiempo, negarle otra. En sus propias palabras:

“Primero. Se niega la suspensión definitiva a [Silvano Aureoles] por los actos, las autoridades y las razones expuestas en la consideración segunda de esta resolución. Segundo. Se concede la suspensión definitiva a [Silvano Aureoles], por los actos, las autoridades y las razones expuestas en la consideración cuarta”.

Pese a lo ambigua que resulta la redacción y la falta de claridad sobre qué actos comprende cada inciso, lo cierto es que la medida más relevante lo protege de ser aprehendido. Sin embargo, esta protección está condicionada: Aureoles deberá comparecer personalmente el próximo 20 de agosto ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Si no lo hace, la suspensión perderá vigencia y se reactivaría la orden de aprehensión.

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La decisión de la jueza Vargas ha sido calificada como una “escandalosa protección” por la Fiscalía General de la República, que ha anunciado que interpondrá una denuncia penal y una queja procesal en su contra. La FGR argumenta que no existen razones jurídicas suficientes para frenar la captura del exgobernador y que esta resolución pone en entredicho los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción.

El caso no es menor. Aureoles enfrenta acusaciones por delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La cifra estimada del desfalco supera los 3 mil 400 millones de pesos, desviados presuntamente a través de contratos inflados, empresas fantasma y pagos irregulares relacionados con la construcción de siete cuarteles de la policía estatal. Tres de sus excolaboradores ya se encuentran detenidos y vinculados a proceso por estos hechos. Él, en cambio, se mantiene libre, protegido por una suspensión que él mismo gestionó y que fue otorgada por una jueza ahora bajo sospecha.

La ambigüedad de la resolución judicial y la deferencia con la que ha sido tratado el exgobernador contrastan con la severidad que suele aplicarse en casos similares donde el acusado no cuenta con capital político ni redes de influencia. Lo que se observa no es una garantía de derechos, sino una distorsión del principio de justicia.

El próximo 20 de agosto será clave. Si Aureoles comparece, el proceso podrá avanzar en términos legales. Pero si no lo hace, se confirmará que esta suspensión no fue más que una estrategia dilatoria y que la jueza Jovita Vargas colaboró, de forma activa o pasiva, en el intento de evadir la rendición de cuentas.

La justicia en México no puede permitirse más simulaciones. El país necesita señales claras de que los cargos públicos no otorgan impunidad automática. Y que, por muy exgobernador que se sea, el delito no prescribe en los pasillos del poder judicial.