El proceso contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dejó de ser un expediente más y se convirtió en un espejo incómodo de la relación entre justicia y poder en México. La jueza Jovita Vargas Alarcón, Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, dejó sin materia la suspensión provisional que lo protegía frente a cualquier orden de captura. No es un trámite menor ni una novedad recién descubierta: es el punto que confirma, a posteriori, que Aureoles enfrenta a la justicia como prófugo.
En el acuerdo judicial, publicado tras el amparo que Aureoles tramitó el 15 de agosto, la jueza asentó:
“Agréguense a los autos los informes previos… y de conformidad con los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes… En tales condiciones, en términos del dispositivo 145 de la Ley de Amparo, procede DECLARAR SIN MATERIA LA SUSPENSIÓN”.
Dado que Aureoles no acudió a la audiencia de control en el Reclusorio Oriente, ese hecho ya marcó la ruta procesal: los cargos por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta quedaron desde entonces frente a un imputado en evasión. En paralelo, el Ministerio Público del caso precisó que “la orden de aprehensión en contra de Silvano N y otra persona (Juan Bernardo Corona) es plenamente ejecutable; no comparecieron, entonces esto refuerza la ejecutabilidad de la orden de aprehensión”. Y añadió que están siendo buscados por Interpol en más de 190 países y que la Policía Federal Ministerial trabaja para su captura, “en cualquier momento”.
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El cerco no se explica solo por Aureoles. Cuatro coacusados detenidos en marzo, Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, continúan presos en penales de la Ciudad de México. A ellos se suman otros prófugos que siguen bajo la mira de la justicia. La fotografía institucional es contundente: un gobierno que prometió blindar la seguridad del estado hoy se ve a sí mismo rendido ante la ley, con piezas claves entre rejas y otros evadiendo tribunales.
Lo que vuelve este expediente políticamente relevante no es solo el núcleo de los siete cuarteles que pasaron de emblema a evidencia, sino las observaciones adicionales que acompañan la investigación. No forman parte directa del juicio, pero alimentan la percepción de que el caso podría ser apenas la apertura de una caja de Pandora, capaz de exhibir una red mayor de responsabilidades.
El mensaje de fondo es claro: el blindaje político ya no equivale al blindaje judicial. Aureoles no discute cargos públicos ni negocia espacios; pelea por su supervivencia judicial mientras una orden vigente lo persigue dentro y fuera del país.
Y ahí se concentra la dimensión simbólica de este episodio: el exgobernador de Michoacán, quien alguna vez se proyectó como presidenciable, hoy aparece como una de las figuras más sombrías en la historia reciente del país, marcado no por sus aspiraciones, sino por la huida y la sombra de la justicia.