El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, deberá presentarse en un plazo de tres días ante una jueza federal, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó la suspensión provisional que frena momentáneamente la orden de aprehensión girada en su contra.

La decisión no significa una exoneración, ni implica que se haya cancelado la orden de captura, sino que se mantiene su suspensión únicamente bajo condiciones estrictas.

La resolución del tribunal desestimó la queja interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR), que había solicitado revertir la protección concedida a Aureoles a través de un amparo. El recurso de la FGR se consideró improcedente e infundado, con base en criterios que determinan que los delitos imputados no ameritan prisión preventiva oficiosa.

El exmandatario es investigado por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Las acusaciones derivan de la adquisición presuntamente irregular de siete cuarteles de seguridad durante su administración, con un daño estimado al erario de más de 3 mil 400 millones de pesos.

La suspensión provisional que le fue concedida continuará vigente solo si Silvano Aureoles comparece en audiencia inicial ante la jueza del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente y paga una garantía de 52 mil pesos. De no hacerlo, la orden de aprehensión podrá ejecutarse de inmediato.

Contrario a la interpretación que podría asumirlo como un triunfo legal, lo que ocurrió es un revés únicamente para la Fiscalía, no una victoria definitiva para la defensa.

La suspensión ratificada es de carácter provisional, y será precisamente en la audiencia judicial, prevista dentro de los próximos días, donde se decidirá si se concede o no la suspensión definitiva.

Mientras tanto, el exgobernador sigue siendo señalado como prófugo por diversas voces dentro del ámbito judicial y político, y continúa bajo la lupa pública por uno de los casos más graves de presunto desvío de recursos en la historia reciente de Michoacán.