La segunda sesión de diálogo entre el gobierno federal y representantes de organizaciones de transportistas y productores agrícolas terminó durante la madrugada de este miércoles sin acuerdos, lo que encendió nuevamente las tensiones entre ambas partes. Tras más de seis horas de reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), los dirigentes del movimiento anunciaron que endurecerán sus protestas, con más bloqueos carreteros, cierres en cruces fronterizos e incluso acciones en los accesos a la capital del país.

Al término del encuentro, Heraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), lamentó que no se registrara ningún avance y acusó al gobierno de mostrar “un vacío de gobernanza”. Señaló que los mantuvieron durante horas elaborando una minuta “sin compromisos reales”, lo que, dijo, evidencia la falta de voluntad para atender sus demandas.

Desde la parte gubernamental, funcionarios federales insistieron en que el diálogo es la única vía para construir acuerdos y subrayaron que las afectaciones a terceros no deben formar parte del proceso. Recalcaron que las demandas sociales serán atendidas, pero pidieron a los manifestantes actuar con responsabilidad para no perjudicar actividades esenciales de la población.

A la mesa acudieron representantes de varias dependencias: Agricultura y Desarrollo Rural, Economía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Seguridad y Protección Ciudadana y funcionarios de la Conagua. No obstante, la Segob informó que las organizaciones presentes rechazaron establecer mesas técnicas y tampoco accedieron a liberar los puntos que han permanecido bloqueados.

De acuerdo con los líderes del movimiento, la ruptura ocurrió cuando solicitaron al gobierno compromisos concretos sobre los temas previamente discutidos. “Pedimos que se definiera qué puntos estaban dispuestos a resolver, pero no hubo respuesta. Nadie quiso comprometerse a nada. Así no podemos retirarnos de las carreteras, de los puentes ni de las aduanas”, afirmó Rodríguez.

Las organizaciones mantienen una serie de exigencias que incluye el pago de 1,200 millones de pesos presuntamente adeudados a productores, la apertura de ventanillas para el registro de agricultores de trigo, la suspensión de la iniciativa de Ley de Aguas que avanza en el Congreso, así como mayores garantías de seguridad en las rutas carreteras.

Con el diálogo estancado y las protestas en curso, el conflicto se encamina a una nueva fase de tensión que podría impactar la movilidad, el comercio y las actividades productivas en varias regiones del país.