El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad reformas al Código Penal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para convertir en delito el reclutamiento de menores de 18 años con fines criminales.

Con las modificaciones, quienes recluten, enlisten, integren o incorporen a niñas, niños y adolescentes para participar en actividades delictivas podrán recibir de 10 a 20 años de prisión, además de multas de entre 800 y mil 600 días. Estas sanciones serán independientes de las penas que correspondan por otros delitos.

La legislación contempla castigos mayores cuando el responsable sea un familiar o alguien que tenga bajo su custodia, guarda o educación a la víctima, así como cuando exista violencia física o psicológica, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

Las penas también podrán incrementarse hasta en una mitad si el responsable es servidor público o si la víctima se encuentra en condiciones como abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, situación de calle o discapacidad.

Además de la sanción penal, las reformas establecen que las autoridades estatales y municipales deberán implementar protocolos especializados para detectar, atender y apoyar a menores víctimas de reclutamiento.

Estos mecanismos contemplan atención psicológica, reinserción social, justicia restaurativa, reparación del daño y acciones de prevención y rescate.

La reforma fue impulsada a partir de cuatro iniciativas presentadas por legisladores de Morena, PVEM y PRI, así como por la diputada morenista Arely Berenice Ruiz López.