El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) expresó su apoyo a un conjunto de 18 reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales proponen cambios en la administración pública federal.
Entre las reformas destaca la propuesta de liquidar organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entidades clave en la regulación de los mercados digitales, la radiodifusión y las telecomunicaciones en el país.
El STRM, conocido comúnmente como Sindicato de Telmex, se posiciona como una de las organizaciones sindicales más influyentes de México, contando con cerca de 60 mil afiliados y un significativo poder político.
La agrupación coincide con la visión de López Obrador sobre el IFT, argumentando que ese órgano es el resultado de las políticas neoliberales que llevaron a la privatización de empresas estratégicas como Teléfonos de México (Telmex).
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Creado en 2013, el IFT nació de la reforma al sector telecomunicaciones promovida por el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma buscaba establecer regulaciones que fomentaran la competencia en un sector históricamente dominado.
El IFT tenía como uno de sus principales mandatos la implementación de políticas regulatorias para empresas que exhibieran un poder de mercado excesivo, incluyendo a Telmex, que en marzo de 2014 fue considerada como la empresa líder en telecomunicaciones en el país.
Ante esa situación, el IFT impuso una regulación especial a Telmex, ordenándole compartir su infraestructura con otros proveedores y separando sus operaciones en dos entidades: Telmex, orientada al consumidor final, y Red Nacional Última Milla, dedicada a ofrecer servicios de fibra óptica a empresas.
Con la liquidación de órganos de control como el IFT y la Cofece, se abre un debate sobre cómo se garantizará la competencia y la regulación en un sector tan vital para el desarrollo económico del país.