El dirigente sindical del Congreso del Estado de Michoacán, Rogelio Andrade Vargas, cuestionó la propuesta del diputado Baltazar Gaona García sobre reducir hasta en 400 trabajadores la plantilla del Poder Legislativo como parte de los ajustes vinculados al llamado Plan B de la reforma electoral.

El líder sindical consideró que la medida es precipitada e inviable, al argumentar que con el paso de los años el Congreso ha asumido nuevas funciones y obligaciones legales que requieren personal especializado para su cumplimiento.

Señaló que para concretar un recorte de tal magnitud sería necesario modificar diversas normativas, entre ellas la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y la Ley General de Archivos, esta última obligatoria para que las instituciones públicas cuenten con archivos de trámite, concentración e históricos, con sanciones previstas en caso de incumplimiento.

Andrade Vargas advirtió que la propuesta podría escalar a un conflicto político de mayor alcance, ya que impactaría a trabajadores en distintas entidades del país, especialmente donde los congresos locales son encabezados por fuerzas del mismo partido.

Respecto a los señalamientos sobre el gasto en nómina, sostuvo que el aumento presupuestal no corresponde al personal sindicalizado, sino al crecimiento en el número de asesores y colaboradores asignados a los diputados.

Explicó que anteriormente cada legislador cubría esos pagos con recursos propios, pero posteriormente se autorizó que dichos salarios se solventaran con presupuesto del Congreso, lo que derivó en un incremento del personal de apoyo.

Comentó que existen casos de legisladores que reportan varios colaboradores por municipio, lo que elevaría considerablemente la cifra total de trabajadores de respaldo.

El dirigente detalló que actualmente laboran alrededor de 407 trabajadores sindicalizados en el Congreso, cuyo costo anual oscila entre 250 y 300 millones de pesos, cifra que incluye prestaciones como seguridad social y pensiones.

Precisó que parte del personal percibe ingresos cercanos al salario mínimo, mientras que empleados de niveles básicos como archivistas, recepcionistas y personal de intendencia reciben sueldos mensuales de entre 18 y 19 mil pesos.

También indicó que cerca de 150 trabajadores esperan integrarse al sindicato y que cada año se registran en promedio diez jubilaciones, por lo que consideró injusto atribuir al personal de base los problemas financieros del Poder Legislativo.

Finalmente, aseguró que la organización sindical defenderá a los empleados ante cualquier intento de despido masivo y cuestionó que se planteen recortes laborales mientras se mantienen recursos elevados para asesores y prerrogativas de los legisladores.