Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, México atraviesa un escenario de creciente presión sobre periodistas y medios de comunicación, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su más reciente informe. El organismo expresó preocupación por lo que calificó como una “nueva etapa de control informativo”, caracterizada por un discurso público de apertura, pero acompañado de medidas que restringen el acceso a la información y la crítica al poder.

De acuerdo con el reporte, aunque la presidenta Sheinbaum se ha manifestado en contra de la censura, su administración “ha mantenido e incluso reforzado” mecanismos de control institucional sobre los medios, particularmente a través de la regulación de telecomunicaciones y la distribución de la publicidad oficial.

“La asignación de recursos a los medios continúa siendo opaca y discrecional. Se premia a quienes son afines al gobierno y se margina a quienes sostienen una postura crítica”, advirtió la SIP, al señalar que, pese a una mayor inversión pública en comunicación social, no se han establecido criterios transparentes para su reparto.

El organismo también llamó la atención sobre el aumento del acoso judicial como herramienta de silenciamiento. Citando datos de Artículo 19, el informe registró 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas en el primer semestre del año, además de la censura o suspensión de espacios informativos bajo argumentos de “violencia política de género” o “difamación”.

Entre los episodios más alarmantes, la SIP destacó el caso del periodista Jorge Luis González Valdez, procesado tras denuncias de la gobernadora Layda Sansores, y el de Karla María Estrella, sancionada por un comentario en redes sociales sobre presunto nepotismo. Ambos casos, señala el organismo, evidencian cómo las sanciones judiciales se están convirtiendo en una forma de control de la crítica pública.

El informe también criticó el cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), sustituido por la oficina Transparencia para el Pueblo, una entidad que, según el documento, “desechó el 99.6% de las solicitudes de información”, reduciendo de manera drástica el acceso ciudadano a los datos públicos.

Aunque la SIP reconoció que los asesinatos registrados en el último año no parecen directamente relacionados con el ejercicio periodístico, subrayó que el contexto de violencia generalizada y las presiones legales contra la prensa crean un ambiente de autocensura y temor.

El organismo concluyó que, si bien el nuevo gobierno promueve una narrativa de respeto a los derechos y combate a la censura, en la práctica persiste “una estrategia de control político de la información y de disuasión judicial del disenso”.