Un grupo de abogados presentó ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador una solicitud de habeas corpus para exigir la liberación y repatriación de 238 ciudadanos venezolanos encarcelados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad.

Estos migrantes habían sido deportados por las autoridades estadounidenses, tras ser erróneamente calificados como “terroristas” sin pruebas por la administración de Donald Trump.

Los abogados defienden que estos venezolanos no tienen vínculos con grupos criminales y fueron detenidos por estar en situación irregular en Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como miembros de la banda delictiva Tren de Aragua, una organización que el gobierno de Trump declaró como terrorista en febrero pasado. Sin embargo, los abogados aseguran que no hay evidencia de que alguno de los detenidos sea parte de esta o cualquier otra organización criminal.

En su lugar, estos ciudadanos venezolanos fueron capturados mientras se encontraban en refugios o en trámites para obtener su residencia en Estados Unidos, situación que, según los defensores, fue aprovechada para deportarlos injustamente a El Salvador, donde enfrentan un encarcelamiento ilícito.

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Los abogados argumentan que las detenciones violan las leyes internacionales y que el proceso de deportación e internamiento ha sido ilegal desde su origen en Estados Unidos. La solicitud de habeas corpus busca que los 238 venezolanos sean presentados ante un juez que determine la legalidad de su detención.

Además, se ha calificado la situación como un “secuestro” por parte del gobierno de El Salvador, ya que se trata de personas sin antecedentes penales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acordó con Estados Unidos el cobro de 20 mil  dólares anuales por cada prisionero enviado al país centroamericano.

Este acuerdo ha sido severamente criticado por los defensores, quienes aseguran que tanto Bukele como Trump no tienen autoridad para juzgar a los detenidos, ya que no son jueces.