Las políticas de transparencia salarial en México aún están lejos de ser una realidad. Según el Estudio Global de Transparencia Salarial 2025 de AON, solo el 10 % de las empresas en el país está preparada para implementar estrategias en esta materia, un porcentaje inferior al promedio de Latinoamérica, que es del 18 %.

Aunque el 58% de las empresas mexicanas asegura estar en proceso de implementación de estrategias de transparencia salarial, un 32 % reconoce no contar con ninguna acción al respecto.

Además, el 37 % de las compañías afirma que su estado de preparación no ha mejorado en los últimos 12 meses, cifra superior al promedio regional de 31 %.

En América Latina, la falta de transparencia salarial es más pronunciada. Solo el 2 % de las empresas en la región publica rangos salariales en todas sus vacantes, frente al 21 % a nivel mundial.

Además, el 64 % de las empresas latinoamericanas no publica los rangos salariales en las ofertas de trabajo, el porcentaje más alto a nivel global.

Ante esta situación, el 18 de septiembre pasado se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres.

Esta nueva legislación busca establecer nuevas obligaciones para las empresas y dependencias de gobierno, como auditorías salariales, criterios objetivos para fijar remuneraciones, registros de los sueldos de los colaboradores y el derecho a la información relevante sobre las políticas de pago, entre otras disposiciones. Además, contempla pagos retroactivos para las personas afectadas por una brecha salarial de género.