El partido Somos presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la presidenta Claudia Sheinbaum y 12 gobernadores de Morena, a quienes acusa de utilizar espacios oficiales y recursos públicos para intervenir en la contienda política rumbo a las elecciones de 2027.
La denuncia, presentada también incluye a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al partido Morena.
De acuerdo con la organización política, las declaraciones realizadas por Sheinbaum durante sus conferencias matutinas, así como los pronunciamientos de mandatarios estatales, buscan desacreditar a Somos al relacionar a sus integrantes con una presunta red de corrupción en contrataciones del Instituto Nacional Electoral.
El partido considera que estas expresiones podrían vulnerar el artículo 134 constitucional, que establece la obligación de los servidores públicos de actuar con imparcialidad y evitar el uso de recursos públicos para influir en la competencia entre fuerzas políticas.
Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el INE, exigió a la presidenta y a los gobernadores mantenerse al margen de las elecciones y advirtió que no permitirán que se normalicen conductas que, desde su perspectiva, contravienen la Constitución.
Por su parte, Carlos Ferrer, director jurídico de la organización, señaló que la presidenta abordó asuntos electorales en al menos tres conferencias matutinas, cuyos señalamientos posteriormente fueron retomados por autoridades estatales y representantes de Morena.
Ante estos hechos, Somos solicitó al INE medidas cautelares para que los funcionarios denunciados se abstengan de continuar difundiendo acusaciones contra el partido desde conferencias oficiales, cuentas gubernamentales y otras plataformas institucionales.
La organización también pidió investigar el posible uso de recursos públicos para reproducir los señalamientos y determinar si existieron afectaciones a los principios de neutralidad y equidad electoral.
La queja se presenta en medio de los primeros posicionamientos políticos rumbo a las elecciones de 2027. El INE deberá analizar los argumentos y determinar si existen elementos para aplicar las medidas solicitadas; la presentación de la denuncia no significa que las presuntas irregularidades estén acreditadas.