El Gobierno de Sonora rechazó este miércoles las versiones publicadas por un diario estadounidense, que señalan al gobernador Alfonso Durazo Montaño como uno de dos mandatarios mexicanos presuntamente investigados por autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

A través de un comunicado oficial, la vocera estatal Paloma Terán afirmó que la información es “completamente falsa” y aseguró que el mandatario sonorense mantiene vigente su visa estadounidense, además de que no ha recibido ninguna notificación relacionada con una investigación por parte del gobierno de ese país.

La reacción surgió luego de que el rotativo publicara un reportaje en el que sostiene que Washington investiga a dos gobernadores emanados de Morena: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Según la publicación, ambos habrían perdido sus visas estadounidenses, aunque continuarían ingresando a territorio norteamericano mediante un mecanismo especial denominado “Beneficio Público Significativo” (Significant Public Benefit Parole).

De acuerdo con el diario, Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, viajaría regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica utilizando dicho permiso. La publicación también destaca que Sonora es una de las principales rutas utilizadas para el tráfico de drogas hacia la frontera norte.

En el caso de Américo Villarreal, el medio estadounidense asegura que las indagatorias estarían relacionadas con presuntas actividades vinculadas al contrabando de combustible, conocido como huachicol, un delito que ha tenido presencia en Tamaulipas. El gobernador tamaulipeco también ha rechazado las acusaciones y sostiene que carecen de fundamento.

En medio de este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha solicitado públicamente que las autoridades estadounidenses presenten pruebas concretas sobre cualquier investigación contra funcionarios mexicanos. La mandataria ha señalado que este tipo de acusaciones podrían representar actos de injerencia y afectar la soberanía nacional.

La controversia ocurre además en un momento clave para la relación bilateral, a pocas semanas del inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso considerado estratégico para la región.