Un nuevo escándalo de transparencia sacude los cimientos financieros de la Unión Europea este inicio de 2026. Según una investigación del Financial Times, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), percibe ingresos reales que rondan los 726,000 euros anuales, una cifra que contrasta drásticamente con los 466,000 euros declarados en los informes oficiales de la entidad. Esta diferencia de casi 260,000 euros extra coloca su remuneración muy por encima de otros líderes financieros globales; de hecho, Lagarde estaría ganando casi cuatro veces más que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ha encendido el debate sobre la austeridad y la ética en las altas esferas del poder europeo.

La discrepancia en las cifras no se debe a un error de cálculo, sino a una red de beneficios adicionales y cargos secundarios que el BCE no desglosa de manera individual. Entre estos “extras” se encuentran 135,000 euros destinados a vivienda y gastos de representación, sumados a otros 125,000 euros anuales por su participación en el directorio del Banco de Pagos Internacionales (BPI). Aunque este último puesto es considerado simbólico e inherente a su cargo principal, la percepción de un sueldo adicional por realizarlo ha sido duramente criticada. Esta estructura de ingresos “en la sombra” ha permitido que la funcionaria mantenga un nivel de vida muy superior al que los ciudadanos europeos imaginaban, mientras la eurozona aún lidia con las presiones inflacionarias.

La revelación ha provocado una ola de indignación política, encabezada por figuras como el eurodiputado Fabio De Masi, quien calificó la situación de “escandalosa”. Las críticas señalan que es inaceptable que la institución encargada de vigilar la estabilidad monetaria y exigir transparencia a los bancos privados no cumpla con los mismos estándares de rendición de cuentas que cualquier empresa que cotiza en bolsa. Mientras el BCE defiende sus políticas internas, la presión pública crece para que se realice una auditoría externa que aclare por qué estos beneficios se mantuvieron fuera del ojo público, poniendo en duda la integridad y la autoridad moral de Lagarde para dictar políticas de ajuste económico en el continente.