Suprema Corte cancela amparo a García Cabeza de Vaca y deja firme orden de aprehensión
evangelio | 24 febrero, 2026

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló el último amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, frente a la orden de aprehensión vigente en su contra.

Con esta decisión, la Fiscalía General de la República (FGR) queda habilitada para ejecutar el mandamiento judicial contra el exmandatario panista, quien permanece en Estados Unidos desde finales de septiembre de 2022.

El fallo se aprobó tras un debate que no se centró en el resultado final —retirar la protección judicial— sino en la forma en que estaba construido el proyecto de resolución. Aunque varios ministros expresaron reservas sobre la metodología empleada, el pleno coincidió en un punto esencial: el amparo debía quedar sin efecto.

La ruta judicial comenzó en enero de 2021, cuando la FGR abrió una carpeta de investigación contra García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. En ese momento, el entonces gobernador promovió recursos legales al amparo de su fuero constitucional para frenar el avance de las indagatorias.

Tras concluir su mandato, en octubre de 2022, la Fiscalía obtuvo una nueva orden de aprehensión por dos de los delitos incluidos en el expediente inicial. En ese contexto, el Juzgado Séptimo de Distrito negó el amparo no solo al exgobernador, sino también a su madre, María de Lourdes; a su esposa, Mariana Gómez Leal; a su hermano, José Manuel, y a otras dos personas señaladas en la denuncia.

La resolución tiene efectos jurídicos y políticos inmediatos: el último amparo que protegía a García Cabeza de Vaca quedó sin efecto y la FGR tiene vía libre para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

El caso se mantiene como uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en los últimos años, al involucrar a un exmandatario estatal acusado de delitos graves relacionados con delincuencia organizada y presunto manejo ilícito de recursos.

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