La Suprema Corte de Estados Unidos anunció este viernes que examinará la demanda presentada por México contra varios fabricantes de armas, acusados de facilitar el tráfico de armamento hacia los cárteles de la droga.
La disputa legal, que se remonta a 2021, involucra a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, y otras, a las que el gobierno mexicano reclama 10 mil millones de dólares por su “comercio negligente e ilícito” que, según afirma, alimenta la violencia y el narcotráfico en el país.
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Un juez federal había desestimado el caso en 2022, argumentando que las reclamaciones chocaban con la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que protege a los fabricantes de armas de responsabilidad por el uso criminal de sus productos.
Sin embargo, un tribunal de apelación reabrió el caso, citando una excepción a dicha ley.
El gobierno mexicano sostiene que entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas en Estados Unidos son introducidas de manera ilegal en su territorio cada año y que entre el 70 % y el 90 % de las armas utilizadas en crímenes en México provienen de Estados Unidos.
La violencia asociada al narcotráfico ha dejado más de 340 mil asesinatos y alrededor de 100 mil desaparecidos desde el inicio de la ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.