La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia que obliga al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza por daño moral, tras desechar el recurso con el que buscaba revertir el fallo emitido por tribunales civiles.

Por unanimidad, el máximo tribunal determinó que el recurso presentado por la defensa del exfuncionario no planteaba un problema de constitucionalidad, sino únicamente cuestiones de legalidad ordinaria, por lo que resolvió no estudiar el fondo del asunto y dejar firme la condena dictada en instancias previas. 

El litigio se originó a partir de las declaraciones que Lozoya presentó en agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República, cuando buscaba obtener un criterio de oportunidad dentro de las investigaciones por corrupción relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht.

En esa denuncia, el exfuncionario sostuvo que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, le había instruido comprar un bolso de lujo para Mendoza y que la periodista formaba parte de una lista de comunicadores que presuntamente recibían beneficios a cambio de mantener una cobertura favorable hacia el gobierno. 

Mendoza negó públicamente esas afirmaciones y presentó una demanda civil por daño moral. En mayo de 2022, un juez determinó que Lozoya no aportó pruebas que acreditaran la veracidad de sus señalamientos y concluyó que sus declaraciones afectaron el honor y la reputación de la comunicadora, por lo que lo condenó a pagar una indemnización. La resolución fue confirmada posteriormente por tribunales de apelación y por un tribunal colegiado. 

La Suprema Corte revisó el último intento del exdirector de Pemex por revertir la sentencia. Sin embargo, el proyecto presentado por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra concluyó que el recurso no planteaba un debate constitucional, motivo por el cual el pleno decidió desecharlo y mantener la condena. 

Con esta decisión queda firme la obligación de Lozoya de pagar la indemnización, fijada en 500 mil pesos, y se cierra el litigio en la vía civil. 

El fallo representa la primera sentencia definitiva contra el exdirector de Pemex, quien además enfrenta procesos penales derivados de las investigaciones por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, relacionados con presuntos sobornos y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.