La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que escuchará en noviembre el caso sobre los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump, en un calendario considerado inusualmente acelerado.

La medida coloca uno de los ejes centrales de la política económica de Trump en el máximo tribunal, mientras los gravámenes seguirán vigentes hasta que se emita un fallo.

La decisión responde a una apelación del gobierno de Trump después de que dos tribunales inferiores dictaminaron que la mayoría de los aranceles eran ilegales, al señalar que el Congreso, y no el presidente, tiene la potestad de imponerlos.

Pequeñas empresas y gobiernos estatales que interpusieron demandas afirman que las tarifas casi llevaron a la quiebra a cientos de negocios en distintos sectores.

El gobierno sostiene que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 otorga al presidente facultades amplias para regular importaciones en situaciones extraordinarias.

Sus abogados alegan que anular los aranceles pondría al país al borde de una “catástrofe económica”, afectaría la recaudación federal, que alcanzó 159 mil millones de dólares en agosto, y debilitaría las negociaciones comerciales y de seguridad internacional.

La Corte, dominada por una mayoría conservadora y con tres jueces designados por Trump, deberá resolver si sus aranceles pueden sostenerse sin la aprobación explícita del Congreso.