Las investigaciones de autoridades de Estados Unidos contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, relacionadas con presunto lavado de dinero y recursos vinculados con Petróleos de Venezuela, habrían quedado suspendidas mientras el gobierno de Donald Trump lo incorporó como intermediario para impulsar acuerdos sobre el sector petrolero venezolano. Betancourt nunca fue acusado formalmente en Estados Unidos y ha negado cualquier irregularidad.

Betancourt, de 46 años, dirige North American Blue Energy Partners, una compañía que se convirtió en un actor relevante de la producción petrolera privada en Venezuela. Su participación fue considerada estratégica por funcionarios estadounidenses debido a sus contactos dentro del gobierno venezolano y su conocimiento de la industria energética.

El empresario había sido investigado en Estados Unidos, España y Suiza por presunto lavado de dinero relacionado con un esquema que, según fiscales estadounidenses, involucró más de mil millones de dólares presuntamente desviados de la petrolera estatal venezolana. También enfrentó procesos y restricciones de viaje en Europa, aunque no ha sido declarado culpable.

En mayo, Suiza retiró una solicitud de extradición presentada ante Reino Unido, mientras las restricciones de viaje británicas fueron levantadas. Al mismo tiempo, fiscales suizos mantuvieron abierta una investigación y ampliaron una orden internacional de detención. Estados Unidos tampoco ejecutó una solicitud para detenerlo en su territorio.

El cambio en su situación coincide con el nuevo acuerdo petrolero entre Washington y Caracas. El gobierno estadounidense obtuvo una participación de 35 por ciento en North American Blue Energy Partners y derechos sobre una parte de la producción de 17 campos petroleros venezolanos, con reservas estimadas en unos 65 mil millones de barriles.

El papel de Betancourt ha generado cuestionamientos por sus antecedentes judiciales y por la cercanía que mantiene con funcionarios estadounidenses y venezolanos. Su caso refleja el peso que han adquirido los intermediarios privados en la nueva estrategia de Washington para recuperar la producción petrolera de Venezuela.