El gobierno de Tailandia ordenó la suspensión temporal de nuevas licencias para la compra de armas de fuego, en una decisión que busca endurecer los controles tras el tiroteo ocurrido el viernes pasado en una escuela del norte de Bangkok, donde murieron nueve personas, incluido el presunto atacante.

La medida fue anunciada por el primer ministro Anutin Charnvirakul, quien también encabeza el Ministerio del Interior. El funcionario instruyó detener la emisión de los permisos conocidos como “P.3”, documento indispensable para adquirir legalmente un arma en el país.

Según explicó la portavoz gubernamental Rachada Thanadirek, la suspensión permanecerá vigente hasta nuevo aviso del Gabinete y tiene como propósito evitar que las armas lleguen a personas que no deberían tener acceso a ellas.

Además de congelar las nuevas autorizaciones de compra, el gobierno ordenó acelerar una reforma integral a la legislación sobre armas, considerada por especialistas como obsoleta y excesivamente permisiva.

La normativa vigente data de 1947 y otorga al Ministerio del Interior la responsabilidad de autorizar la posesión y el porte de armas para civiles, aunque mantiene amplias excepciones para las fuerzas de seguridad.

Entre los cambios que analiza el Ejecutivo destacan:

• renovación obligatoria de las licencias de posesión cada tres años;
• mayores controles sobre la venta y distribución de municiones;
• revisión más estricta de los antecedentes y condiciones de los solicitantes.

Actualmente, para obtener una licencia de compra, el interesado debe ser ciudadano tailandés, tener al menos 20 años y tramitar el permiso ante la autoridad distrital correspondiente a su lugar de residencia.

De acuerdo con la Policía tailandesa y autoridades gubernamentales, el responsable del ataque fue un adolescente de 14 años, quien presuntamente asesinó a ocho personas (entre ellas sus abuelos, profesores y una compañera de escuela) y dejó a decenas de heridos antes de quitarse la vida.

Datos de la organización Small Arms Survey estiman que en Tailandia existen aproximadamente 15.14 armas de fuego por cada 100 civiles, una de las tasas más elevadas del sudeste asiático. A ello se suma la existencia de un amplio mercado negro, que opera paralelamente al sistema legal de venta y registro.

La tensión aumentó aún más después de que un alto funcionario muriera y otra persona resultara herida el lunes, cuando un exdiputado abrió fuego dentro de un edificio gubernamental ubicado en la misma provincia donde ocurrió el ataque escolar.

El exlegislador confesó su participación y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.

La sucesión de hechos violentos en menos de una semana ha intensificado la presión sobre el gobierno tailandés para modificar una legislación que durante años ha sido señalada por organizaciones civiles.