El anuncio del Plan Michoacán por parte del gobierno federal ha encendido un nuevo foco de tensión política en el estado. La estrategia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla la instalación de una oficina permanente de la Presidencia de la República en Morelia, con el propósito de supervisar de manera directa los programas sociales, las obras de infraestructura y las acciones de seguridad en la entidad.

El planteamiento ha sido recibido con división de posturas entre actores locales y nacionales. Para sus defensores, la medida representa una reconexión del poder federal con el territorio, una forma de romper la distancia burocrática que históricamente ha frenado la ejecución de proyectos en Michoacán. Argumentan que la cercanía del Ejecutivo federal permitirá dar seguimiento a compromisos pospuestos, como el rescate del lago de Pátzcuaro, el fortalecimiento portuario de Lázaro Cárdenas y la pacificación de la Tierra Caliente, sin depender de intermediarios.

El gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, ha respaldado públicamente la propuesta. En su versión, la oficina presidencial no sustituirá competencias locales, sino que reforzará la coordinación interinstitucional para hacer frente a la violencia y los rezagos sociales. Desde su óptica, la presencia constante del gobierno federal enviará un mensaje de respaldo político y operativo a Michoacán, un estado que en los últimos años ha cargado con un estigma de ingobernabilidad.

Sin embargo, los sectores críticos ven en la medida una reedición del modelo de control político aplicado en 2014, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto instauró un comisionado federal para atender la crisis de seguridad derivada del levantamiento de autodefensas. Aquel episodio dejó una huella ambigua: si bien se logró cierta estabilización temporal, también se denunció la intromisión de la federación en las decisiones estatales, el debilitamiento de la autonomía local y la creación de una estructura burocrática paralela.

Para la oposición, el nuevo esquema podría derivar en un escenario similar. Dirigentes del PAN, PRI y PRD advierten que centralizar la operación política en una oficina presidencial podría restar capacidad de decisión al gobierno estatal y convertir el proyecto en una herramienta de control electoral rumbo a los próximos comicios locales. Aseguran que, en lugar de oficinas adicionales, lo que Michoacán necesita es una política federal que refuerce las instituciones locales y la profesionalización de sus cuerpos de seguridad.

En el ámbito académico, especialistas en gobernanza regional coinciden en que el éxito o el fracaso del Plan Michoacán dependerá de cómo se establezcan los mecanismos de coordinación. Si la oficina opera como enlace técnico entre secretarías, podría acelerar obras y programas; pero si actúa como un centro de decisión autónomo, reabrirá viejas heridas entre federación y estado.

El Plan Michoacán será presentado formalmente en las próximas semanas y se prevé que incluya proyectos de inversión en infraestructura, desarrollo rural y bienestar social. En medio del debate, la pregunta persiste: ¿se trata de una apuesta por la cercanía o de una nueva forma de supervisión federal sobre una entidad históricamente compleja?