La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, anunció que hasta el momento la institución no ha recibido ningún medio de impugnación o asunto que deba resolver en relación con la presunta interferencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales en curso.

Recientemente, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su preocupación por la supuesta intervención del crimen organizado, alegando que eso está inhibiendo la participación de sus seguidores como representantes de casillas, y afirmó que planea exponer personalmente esa inquietud ante los magistrados del TEPJF.

Por otro lado, la magistrada presidenta informó que entre el 3 de agosto y el 6 de septiembre, el tribunal definirá quién ocupará el cargo de sexto magistrado que se integrará a la Sala Superior.

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Dicha designación es crucial para cumplir con el número de magistrados necesario para dictaminar la validez de la elección presidencial del 2 de junio.

Según la ley electoral, la calificación específica de la elección presidencial y su declaración de validez son responsabilidad de la Sala Superior del TEPJF y requieren la presencia de al menos seis magistrados.

Actualmente, sólo hay cinco magistrados en funciones debido a que el Senado aún no ha designado a los dos magistrados que recientemente se retiraron.

En caso de vacantes, la reglamentación del TEPJF establece que se puede llamar a un magistrado de las salas regionales, siendo elegido el de mayor edad o el de mayor antigüedad en el cargo.