Terratenientes, ganaderos y empresarios de Texas presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump para frenar los planes de construcción de un muro y otra infraestructura fronteriza en la región de Big Bend, al oeste del estado.
La demanda fue presentada por la organización Conserve Big Bend con el respaldo de propietarios de terrenos de la zona. Los demandantes cuestionan la decisión del gobierno de acelerar el proyecto y dejar sin efecto diversas normas destinadas a proteger el medio ambiente, sitios arqueológicos y áreas de importancia cultural.
La administración federal contempla un programa de 46 mil millones de dólares para reforzar aproximadamente 2 mil millas de frontera con muros de acero de unos nueve metros de altura, barreras para vehículos y tecnología de vigilancia.
Los propietarios sostienen que Big Bend no registra los niveles de cruces que justificarían las medidas utilizadas para acelerar las obras. La región concentra alrededor de 500 millas de frontera con México, cerca de una cuarta parte del límite entre ambos países, pero representa aproximadamente 1 por ciento de las detenciones fronterizas.
La demanda también cuestiona los posibles efectos sobre propiedades privadas, actividades agrícolas, acceso al río Bravo y zonas naturales. Residentes y organizaciones ambientales han advertido además sobre posibles daños a la fauna y a sitios considerados importantes para comunidades indígenas.
El proyecto también ha generado controversia por los planes relacionados con el Parque Nacional Big Bend. Las autoridades han señalado que todavía no existe un diseño definitivo para esa zona, aunque entre las propuestas se encuentran nuevos caminos, tecnología de vigilancia y barreras para vehículos.
El gobierno de Trump ha defendido la ampliación de la infraestructura fronteriza como parte de su estrategia para reducir los cruces irregulares. El litigio deberá determinar si las autoridades pueden mantener las excepciones legales utilizadas para acelerar las obras en Big Bend.