Propietarios de tierras, ganaderos y empresarios de la región de Big Bend, Texas, presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump para intentar detener la construcción del muro fronterizo y de infraestructura adicional en esta zona cercana a México.

La acción legal fue promovida por la organización Conserve Big Bend junto con seis propietarios de tierras y cuenta con el respaldo de decenas de residentes de la región. Los demandantes cuestionan que la administración federal pretenda construir barreras en una zona donde históricamente se registra un bajo número de cruces y detenciones migratorias.

El proyecto forma parte de un plan de aproximadamente 46 mil millones de dólares para reforzar la frontera sur de Estados Unidos, que contempla muros de bolardos de acero de unos nueve metros de altura, barreras para vehículos y sistemas tecnológicos de vigilancia a lo largo de distintos puntos de la frontera con México.

Uno de los principales argumentos de los propietarios es que Big Bend representa cerca de una cuarta parte de la frontera entre Estados Unidos y México, pero concentra alrededor del 1 por ciento de las detenciones registradas en los nueve sectores fronterizos del suroeste estadounidense.

Los demandantes también advierten que las obras podrían afectar el medio ambiente, sitios de importancia cultural, actividades turísticas y el acceso a fuentes de agua utilizadas por las comunidades y productores de la región.

La administración Trump ha defendido las obras como parte de su estrategia para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de personas y drogas.

La disputa legal representa un nuevo obstáculo para el proyecto fronterizo en Texas, donde la construcción del muro ha generado oposición de propietarios, grupos ambientalistas, autoridades locales y otros sectores que cuestionan sus posibles impactos en las comunidades y el entorno natural.