El estado de Texas ordenó a sus universidades públicas identificar y reclasificar a los estudiantes indocumentados que hasta ahora se beneficiaban de tarifas reducidas de matrícula, conocidas como in-state tuition, con el fin de que se les cobre el costo total correspondiente a estudiantes no residentes.

La medida fue anunciada por Wynn Rosser, comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, en una carta enviada a las instituciones educativas y citada por The Texas Tribune.

La instrucción se produce tras un fallo de un juez federal que invalidó la normativa estatal que permitía ofrecer a estudiantes sin estatus migratorio regular las mismas tarifas que a los residentes legales.

El Departamento de Justicia argumentó que la ley favorecía inconstitucionalmente a extranjeros sobre ciudadanos estadounidenses. Como resultado, a partir del semestre de otoño de 2025, estos estudiantes deberán pagar matrícula de no residente.

La medida afectará a unos 73 mil estudiantes indocumentados que cursan estudios en universidades públicas de Texas, lo que representa aproximadamente una quinta parte del total nacional estimado de 408 mil estudiantes sin estatus legal, según la organización Higher Ed Immigration Portal.

Estos jóvenes han residido en Texas y cursado la educación secundaria en el estado, condiciones que hasta ahora les permitían acceder a matrícula local gracias al programa instaurado en 2001 mediante la ley conocida como Texas Dream Act.

A diferencia de quienes residen en otros estados, los estudiantes locales suelen pagar tarifas considerablemente menores por asistir a universidades públicas. La derogación de este beneficio representa un cambio significativo en el acceso a la educación superior para miles de jóvenes indocumentados, muchos de los cuales han crecido y estudiado en Texas.

La decisión ha sido recibida con preocupación por organizaciones educativas y de derechos civiles, que advierten sobre el impacto social y económico de esta nueva política.