El estado de Texas avanza en el fortalecimiento de su política antimigrante con la aprobación del proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), que permitirá a la mayoría de los alguaciles interrogar sobre el estatus migratorio de las personas detenidas.

La legislación también obligará a los departamentos del alguacil que prestan servicios carcelarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a firmar acuerdos de cooperación con dicha agencia.

Según datos citados por The Texas Tribune, al menos 234 de los 254 condados texanos estarían obligados a establecer estos pactos con ICE.

La iniciativa, respaldada por la mayoría republicana en ambas cámaras legislativas, fue aprobada este domingo y se encuentra ya en el escritorio del gobernador Greg Abbott, quien se espera la promulgue en los próximos días.

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El proyecto ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de los derechos civiles y legisladores demócratas.

Sarah Cruz, representante de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU), advirtió que la SB-8 “no aumentará la seguridad”, sino que obligará a los alguaciles a ejecutar políticas de deportación masiva, además de desviar recursos limitados, fomentar la discriminación racial y desalentar la cooperación de víctimas y testigos de delitos.

Un análisis del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) advierte que las políticas migratorias impulsadas por Abbott durante los últimos años han servido de base para la estrategia nacional del presidente de EUA, Donald Trump.

Según el informe, Texas se ha convertido en un laboratorio de iniciativas migratorias extremas que han influido en otros estados del país.