En plena luz del día, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, fue captado repartiendo volantes con las brigadas de campañas del alcalde con licencia y candidato a la reelección, Alfonso Martínez Alcázar.
El encargado de la política interna del municipio se mantiene en el cargo y se reusó a solicitar licencia para separarse de sus funciones y así participar en la campaña del alcalde reeleccionista.
Paralelamente, se ha señalado que hay múltiples funcionarios, tanto titulares de secretarías como trabajadores de confianza, que se encuentran realizando trabajo de volanteo y campaña en las calles de Morelia.
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Dichas conductas son contrarias a la ley, según especifica el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe a los funcionarios públicos difundir material de campaña electoral durante periodos electorales.
Versiones al interior del Ayuntamiento moreliano señalan que los trabajadores de confianza son obligados a realizar acciones proselitistas a favor del alcalde con licencia.
Hasta el momento, el secretario del Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre el tema.
Cabe destacar que antes de que comenzara el proceso electoral local, el Instituto Electoral de Michoacán emitió medidas cautelares contra Alfonso Martínez, acusándolo de haber realizado actos de campaña anticipada.
Aunque la sentencia fue impugnada, se estableció un precedente sobre cómo el alcalde Alfonso Martínez Alcázar utiliza todos los recursos a su disposición, ya sean legales o ilegales, para buscar la reelección.
Alcalde de Morelia reconoce intervención de funcionarios en su campaña
El candidato del PAN y PRD a la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció que funcionarios del ayuntamiento capitalino están inmiscuidos en su campaña política.
En entrevista con medios de comunicación, Martínez Alcázar aceptó que hay funcionarios como Yankel Benítez que están participando en la campaña política.
Además, el candidato justificó la violación al artículo 134 constitucional que establece la prohibición para que funcionarios públicos entreguen propaganda electoral, al señalar que hay otros candidatos que también violan la ley.