Durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), se destinaron 3 mil 400 millones de pesos a la construcción y arrendamiento de siete cuarteles de la Policía Michoacán.

Sin embargo, investigaciones han revelado que estos contratos se otorgaron de manera irregular a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V., lo que habría generado un sobreprecio de aproximadamente mil millones de pesos.

Las irregularidades incluyen la simulación de contratos de arrendamiento y adquisiciones a sobrecosto.

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Un caso destacado es el del cuartel en Uruapan, donde el Ayuntamiento donó el terreno, pero posteriormente se rentó, se compró y finalmente se construyó.

Además, los complejos policiales contaban con lujosas Casas de Gobierno y helipuertos, lo que incrementó significativamente los costos.

El 28 de septiembre de 2021, dos días antes de concluir la administración, se realizaron los pagos a la empresa, iniciando hasta ese momento la formalización de la compra de terrenos.

En febrero de 2022, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude, mientras las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.