El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofrecieron detalles sobre el traslado a Estados Unidos de 29 narcos que cumplían condena en distintas prisiones mexicanas.

Según declaraciones, esta medida responde a la política de cero impunidad y a la coordinación absoluta del gabinete de seguridad, al considerar que los detenidos representan una amenaza para la seguridad tanto en México como en Estados Unidos.

Gertz Manero aclaró que no se trató de un proceso de extradición, sino de un envío efectuado en cumplimiento del artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y del artículo 89 de la Constitución General de la República.

El fiscal sostuvo que la solicitud de seguridad nacional emitida por Estados Unidos justifica el traslado en virtud de las conductas criminales de estos individuos, coincidientes con las pruebas recabadas por las autoridades mexicanas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se abstuvo de pronunciarse directamente sobre la operación, delegando en el fiscal y el secretario la labor de informar a la ciudadanía.

No obstante, criticó duramente lo que denominó la corrupción del Poder Judicial y resaltó la importancia de la inminente reforma judicial, calificada como una bendición para México, a raíz de la elección de jueces y magistrados prevista para el próximo 1 de junio.

La medida se implementó en el marco de la coordinación y cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, en una reunión celebrada en Washington.

Durante dicho encuentro, se acordaron acciones que favorezcan la seguridad en la frontera común y se discutieron estrategias para contrarrestar la imposición de aranceles anunciada por el mandatario estadounidense.