Elementos de la Guardia Civil detuvieron a tres hombres en la carretera Jiquilpan–Sahuayo, a la altura de la comunidad Francisco Sarabia, luego de detectar que circulaban en un vehículo con reporte de robo. La intervención ocurrió como parte de los operativos desplegados en la región, donde se intensificó la vigilancia tras los hechos recientes contra instalaciones municipales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, durante la revisión del automóvil los agentes localizaron armas largas y cortas, cartuchos útiles, un inhibidor de señal, equipo táctico, teléfonos celulares y bolsas con hierba verde con características propias de la marihuana. El vehículo quedó asegurado y los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente mientras se determina su situación jurídica.

La dependencia estatal señaló que los detenidos podrían estar relacionados con los disparos registrados el pasado 22 de febrero contra la Presidencia Municipal de Jiquilpan. Ese día, hombres armados realizaron múltiples detonaciones con armas de alto calibre contra la fachada del edificio público, impactando muros y ventanales del inmueble. Los disparos se concentraron en la parte frontal del Ayuntamiento y provocaron daños visibles en la estructura y cristales rotos. No se reportaron personas lesionadas.

Tras el ataque, corporaciones municipales y estatales acordonaron la zona para preservar indicios balísticos y se abrió la carpeta de investigación correspondiente por ataques contra una instalación pública. El edificio municipal permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias periciales y la evaluación de daños.

Las investigaciones actuales buscan establecer un posible vínculo entre los detenidos y ese atentado. Además del armamento y el equipo táctico, en el vehículo se encontraron teléfonos celulares y otros indicios que serán analizados por las autoridades ministeriales como parte del proceso de integración de la carpeta. Hasta el momento no se han informado cargos formales relacionados específicamente con el ataque al edificio municipal, aunque la línea de investigación permanece abierta.

En caso de que se acredite su responsabilidad, las penas podrían acumularse. La posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, así como cartuchos y equipo táctico, puede implicar sanciones que van de cinco a treinta años de prisión, dependiendo del tipo de armamento y circunstancias, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Si se comprueba su participación en el ataque armado contra la Presidencia Municipal, podrían enfrentar cargos por daños a bienes públicos, disparo de arma de fuego y otros delitos previstos en el Código Penal del estado, cuyas penas pueden ir de varios años de prisión hasta superar la década, según la tipificación específica que determine el Ministerio Público.