Un tribunal de apelaciones de Seúl redujo de 23 a 15 años de prisión la sentencia impuesta al ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, por su participación en la fallida imposición de la ley marcial ocurrida en diciembre de 2024, episodio que provocó una de las mayores crisis políticas e institucionales recientes en el país asiático.

El Alto Tribunal de Seúl ratificó la culpabilidad de Han Duck-soo por diversos delitos relacionados con el intento de instaurar el estado de excepción impulsado durante el gobierno del entonces presidente Yoon Suk-yeol, aunque lo absolvió del cargo de perjurio.

La ley marcial es una medida extraordinaria que permite a las fuerzas armadas asumir funciones de control y seguridad pública cuando un país enfrenta situaciones extremas, como guerras, rebeliones, invasiones, crisis internas graves o amenazas que las autoridades civiles consideran imposibles de controlar mediante mecanismos ordinarios.

Durante la aplicación de la ley marcial pueden suspenderse temporalmente algunas garantías civiles, restringirse libertades públicas y quedar bajo control militar ciertas decisiones gubernamentales, de seguridad y orden público.

La defensa del ex primer ministro anunció que apelará la resolución ante el Tribunal Supremo de Corea del Sur, con el objetivo de revertir la sentencia emitida por la corte de apelaciones.

Han Duck-soo había sido condenado inicialmente en enero de 2026 por el Tribunal del Distrito Central de Seúl a 23 años de cárcel, una pena superior incluso a la solicitada por la fiscalía surcoreana.

Durante el proceso judicial, el tribunal sostuvo que el ex funcionario ocultó información relacionada con la declaración de la ley marcial, además de manipular documentación oficial y destruir registros auténticos para aparentar que el procedimiento se había realizado conforme a la legalidad.

La investigación también concluyó que el ex primer ministro evitó esclarecer distintos aspectos de la operación que permitió a las fuerzas militares asumir temporalmente funciones de control gubernamental bajo el argumento de una situación de emergencia nacional.