Un tribunal federal de Arizona condenó a Uber a pagar 8.5 millones de dólares a Jaylynn Dean, una pasajera que fue violada por uno de sus conductores en 2023, en un fallo histórico que rechaza el argumento central de la defensa corporativa de que la empresa no es responsable por los actos de sus conductores, a quienes clasifica como contratistas independientes. Según reportó el New York Times, el jurado determinó que Uber sí puede ser considerada responsable por los daños ocurridos durante un viaje gestionado en su plataforma.

Durante el proceso se revelaron documentos internos que, según los abogados de la demandante, demostraban que Uber había pospuesto la implementación de medidas de seguridad -como cámaras en los vehículos- por temor a ralentizar su crecimiento. Además, se evidenció que el sistema de evaluación de riesgos de la empresa había marcado el viaje de Dean como de “alto riesgo” minutos antes de que abordara el vehículo, pero nunca la alertó ni tomó acción preventiva.

El veredicto sienta un precedente crucial para las más de 3,000 demandas por agresión sexual pendientes contra Uber en Estados Unidos y redefine los límites de responsabilidad de las plataformas digitales en materia de seguridad de los usuarios. La decisión podría obligar a Uber y a empresas similares a revisar sus modelos de negocio, fortalecer sus protocolos de seguridad y asumir una mayor responsabilidad jurídica por los actos de quienes operan bajo su marca.