Un tribunal federal ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, al determinar que la acción penal en su contra prescribió desde 2015.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación con sede en el Estado de México, cuyos magistrados revocaron el auto de formal prisión dictado en noviembre de 2025 y declararon extinguida la posibilidad de continuar con el proceso penal por el delito de homicidio simple intencional.

De acuerdo con la sentencia, la FGR reactivó las investigaciones varios años después de que venciera el plazo legal para ejercer la acción penal. El tribunal señaló que el caso debió quedar concluido, a más tardar, el 23 de marzo de 2015, mientras que la recomendación que impulsó la reapertura surgió hasta 2021, las indagatorias se retomaron en 2022 y la acción penal fue ejercida entre 2023 y 2025.

Además de considerar prescrita la acusación, los magistrados concluyeron que la Fiscalía no presentó elementos suficientes para acreditar que Sánchez Ortega hubiera actuado en coordinación con Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato de Colosio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

En su análisis, el órgano jurisdiccional sostuvo que las videograbaciones, dictámenes periciales y demás pruebas únicamente permiten establecer que durante el atentado se realizaron dos disparos desde distintos puntos, pero no demuestran la existencia de un acuerdo previo entre los presuntos agresores.

La resolución también señala que el Ministerio Público Federal no logró probar que Sánchez Ortega conociera la ubicación del otro supuesto tirador, que hubiera participado en la planeación del ataque o que existiera una estrategia previamente acordada para ejecutar un ataque cruzado contra el entonces candidato presidencial.

Asimismo, los magistrados consideraron insuficientes los elementos presentados para sostener que el exagente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) actuó con premeditación y alevosía, al no existir pruebas que acreditaran que conocía el dispositivo de seguridad de Colosio o que hubiera intervenido en la elección del lugar y el momento del atentado.

Con esta resolución, el tribunal ordenó la libertad inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega respecto de esta causa penal, al estimar que ya no existe posibilidad legal de continuar el proceso en su contra por el homicidio del candidato presidencial del PRI.