Un tribunal colegiado con sede en la Ciudad de México determinó por unanimidad que la jueza segundo de distrito en materia de Procesos Penales federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo, debe dictar una resolución y analizar la modificación de la prisión oficiosa dictada en contra de ocho militares acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los militares a los que se les dictó auto de formal prisión y están siendo juzgados por su presunta vinculación al delito de desaparición forzada son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

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La decisión del tribunal se basa en la necesidad de revalorar la prisión oficiosa y tomar en cuenta nuevos elementos, ya que a consideración del órgano del Poder Judicial de la Federación, esa decisión fue mal valorada.

Durante la audiencia realizada en junio de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que se declarara a “Juan”, uno de los líderes del Cártel de Guerreros Unidos, como testigo protegido, y afirmó que los militares “No auxiliaron a los estudiantes” para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos.

El abogado César Omar González también mencionó el cambio de medida cautelar decretado en favor del general Rafael Hernández, quien desde agosto pasado enfrenta su proceso penal en libertad, luego de que un juez de amparo le concedió la protección de la justicia federal.

González considera que la audiencia en la que se podría modificar la prisión oficiosa dictada a sus clientes y se ordene su libertad por no existir riesgo de fuga se pueda realizar entre mañana y el martes.