El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló por estrecha mayoría la reactivación de redadas migratorias en California, decisión que desató preocupación entre autoridades locales y organizaciones civiles por el riesgo de “perfilamiento racial”.

La medida, aprobada por cinco votos contra cuatro, permite a las agencias federales realizar detenciones basadas en criterios como idioma, origen o tipo de empleo, lo que había sido previamente considerado inconstitucional.

La jueza Sonia Sotomayor expresó en su voto disidente que el fallo abre la puerta a la discriminación contra las comunidades latinas, advirtiendo que “no deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado”.

Entre junio y agosto, las operaciones derivaron en miles de arrestos y generaron fuertes protestas en Los Ángeles, donde el presidente Donald Trump desplegó tropas federales para respaldar a ICE.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la resolución como un “desfile de terror racial” y aseguró que atenta contra familias inocentes. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, coincidió en que la decisión abre la puerta a la discriminación abierta y reiteró que la ciudad no respaldará políticas que persigan a personas por su idioma o color de piel.

Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que el fallo normaliza prácticas de perfilamiento racial y erosiona la confianza en las instituciones. Mientras tanto, los operativos federales se expandieron a ciudades como Chicago y Boston, donde se registraron nuevas redadas masivas en barrios de mayoría latina, acompañadas de protestas y denuncias de abuso de poder.