El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que podría invocar la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas federales en Minnesota si las autoridades locales no detienen las protestas que han estallado tras los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La advertencia fue publicada por el mandatario en su red social, donde calificó a los opositores como “agitadores profesionales e insurrectos” y criticó a los líderes demócratas del estado por lo que llamó falta de control.

La tensión en Minneapolis y otras zonas del estado ha aumentado notablemente desde que un agente del ICE disparó y mató a Renee Nicole Good, una mujer estadounidense de 37 años, durante una operación de control migratorio, lo que desató protestas masivas y críticas al accionar de las agencias federales.

La Ley de Insurrección es una disposición federal rara vez utilizada que permite al presidente emplear tropas del Ejército o la Guardia Nacional para hacer cumplir la ley civil y sofocar disturbios internos cuando se considera que las autoridades estatales no están respondiendo adecuadamente. Esta norma, vigente desde 1807, anula temporalmente restricciones como las impuestas por la Ley Posse Comitatus, que normalmente limita el uso de militares en misiones de orden público.

Expertos legales han señalado que cualquier intento de Trump por invocar esta ley enfrentará desafíos judiciales, especialmente si se aplica sin el consentimiento de los gobernadores estatales o en ausencia de una situación constitucionalmente definida de insurrección. Gobernadores y alcaldes demócratas han rechazado la propuesta, instando a la desescalada y defendiendo el derecho a protestar pacíficamente, mientras que otros líderes estatales han anunciado acciones legales para frenar posibles despliegues federales no solicitados.

El contexto de la amenaza llega tras días de confrontaciones en las calles, donde manifestantes han denunciado la actuación de ICE y exigido investigaciones independientes sobre el uso de fuerza, mientras que autoridades federales defienden sus operaciones como parte de un plan más amplio de cumplimiento migratorio.