El gobierno del presidente Donald Trump endureció su estrategia contra la migración al advertir que podría retirar recursos federales a los estados que no colaboren con las autoridades en la detención y deportación de personas migrantes.

La medida busca aumentar la presión sobre los gobiernos estatales y locales para que cooperen con las políticas migratorias impulsadas por la administración federal, particularmente con las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La amenaza se suma a otras acciones emprendidas por el gobierno de Trump para ampliar las deportaciones y fortalecer la participación de autoridades locales en la aplicación de las leyes migratorias. La administración ha destinado además miles de millones de dólares adicionales para reforzar las labores de detención y expulsión de migrantes.

El gobierno federal ya había planteado previamente la posibilidad de suspender fondos a entidades consideradas ciudades o estados santuario, cuyos gobiernos limitan la colaboración con las autoridades migratorias federales.

La estrategia ha provocado una disputa entre Washington y diversos gobiernos estatales, que cuestionan la posibilidad de que la administración federal condicione recursos públicos al cumplimiento de sus políticas migratorias.